Orden, prosperidad y visión estratégica para la región.
MANIFIESTO PARA UN GRAN CARIBE DE ORDEN Y PROSPERIDAD
Octavio A. Landolfi
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Santo Domingo
Este manifiesto propone pensar el Gran Caribe no como periferia, sino como sistema. Un espacio donde el orden, la libertad y la prosperidad no son consignas, sino resultados de instituciones que funcionan y de sociedades que se reconocen a sí mismas como protagonistas de su destino.
1. El Gran Caribe como espacio y destino
Históricamente, el Gran Caribe ha sido presentado como una zona periférica, una frontera entre imperios o, en el mejor de los casos, un espacio de tránsito. Rara vez se le ha permitido ser pensado como un sistema con lógica propia dentro del tablero mundial. Esta mirada ha sido funcional a dos grandes narrativas: la de los poderes imperiales tradicionales, que han concebido la región como escenario para la proyección de su influencia, y la de proyectos ideológicos que, bajo discursos de victimización histórica, han reducido a los pueblos del Caribe a sujetos pasivos de su propio devenir.
Ambas visiones comparten un mismo efecto, despojan al Gran Caribe de agencia y debilitan los fundamentos que sostienen a las sociedades libres. Allí donde se instala la idea de destino impuesto, se erosionan la unidad familiar que da continuidad a la comunidad, las tradiciones espirituales que ordenan el sentido colectivo y la noción de libertad que impulsa a los pueblos a emprender, crear y construir su propio porvenir.
Este manifiesto no busca agotar el debate, sino esbozar la convicción central de que el Gran Caribe es un espacio marítimo, histórico y humano con un destino compartido aún no plenamente formulado. No puede seguir siendo entendido como una fatalidad geográfica, sino como una posibilidad política. Pensarlo de este modo exige abandonar la fragmentación heredada y reconocer que el mar que aparentemente nos separa es, en realidad, el vínculo que nos articula.
Concebir el Gran Caribe como una unidad cultural, lingüística y comercial no es un ejercicio abstracto. Es el primer paso para elevar la calidad de vida de sus pueblos y para transformar una región históricamente utilizada por otros en un espacio capaz de pensarse, organizarse y proyectarse a sí mismo.
2. La urgencia del presente: fragmentación y oportunidad histórica
Vivimos un momento de reordenamiento global que expone con claridad tanto las debilidades como las oportunidades del Gran Caribe. Las cadenas de suministro se reconfiguran, las potencias ajustan sus prioridades y las regiones intermedias enfrentan una disyuntiva ineludible: seguir siendo espacios de paso al servicio de intereses externos o afirmarse como actores con voz propia dentro del sistema internacional. En este contexto, la fragmentación política, económica y cultural del Caribe ha dejado de ser una simple herencia histórica para convertirse en un riesgo estratégico.
Durante siglos, los pueblos del Gran Caribe han vivido de espaldas entre sí. Enfocados en sus diferencias, han permitido que intereses externos se beneficien de una región desarticulada, carente de proyecto común, autoestima estratégica y capacidad de acción coordinada. Esta fragmentación no ha sido neutral: ha favorecido sistemáticamente a quienes prefieren un Caribe dividido, dependiente y fácilmente instrumentalizable.
En el sistema internacional actual, marcado por la reafirmación de los centros de poder y el retorno de las disputas periféricas, el Gran Caribe se ve obligado a dar un salto cualitativo en la manera en que se concibe a sí mismo. No se trata de aspirar a un proyecto de gran potencia ni a una unidad artificial, sino de reconocer los vínculos históricos, culturales y económicos que ya existen y de convertirlos en bases para una acción concertada.
La región no parte de la nada. Los pueblos del Gran Caribe comparten una herencia institucional, lingüística y civilizatoria que ha sido sistemáticamente subestimada o tergiversada. Sin embargo, esa herencia no implica dominación ni nostalgia imperial, sino un capital histórico capaz de facilitar cooperación, comercio y entendimiento mutuo en un mundo cada vez más competitivo.
Persistir en el victimismo, por el contrario, solo conduce a la parálisis. Los discursos que presentan al Caribe como víctima permanente terminan legitimando nuevas formas de dependencia y abriendo espacio a actores locales que actúan como intermediarios de intereses extranjeros, extrayendo riqueza de sus propias sociedades sin generar desarrollo sostenible. Superar esta narrativa es una condición indispensable para que el Gran Caribe pueda transformar su fragmentación en oportunidad.
3. Definición del Gran Caribe: geografía, historia y sistema
El Gran Caribe no puede reducirse a una enumeración de países ni a un marco institucional específico. Es un sistema complejo compuesto por territorios insulares y continentales, rutas marítimas estratégicas, historias coloniales entrelazadas y dinámicas económicas complementarias. Su unidad no es homogénea ni uniforme, pero sí inteligible: un espacio donde la geografía impone interdependencia y la historia ofrece claves concretas para una integración posible.
Lejos de ser un espacio marginal, el Gran Caribe constituye un sistema humano de más de trescientos millones de personas, distribuido en más de cuarenta países y territorios que gravitan sobre un mismo mar. Pensarlo como periferia no es solo un error histórico, sino una renuncia estratégica a comprender su verdadera escala y potencial. Pocas regiones del mundo cuentan con una masa demográfica, económica y logística comparable, articulada alrededor de un eje marítimo común.
Dentro de este sistema, cerca de doscientos cincuenta millones de habitantes comparten no solo una lengua, sino una herencia institucional derivada del Imperio español: tradiciones jurídicas comunes, formas de organización urbana, estructuras administrativas y una manera específica de concebir la comunidad política. Esta continuidad institucional no implica uniformidad ni nostalgia, sino un capital histórico que reduce costos de integración y facilita cooperación práctica.
Lejos de ser un residuo del pasado, esta herencia constituye una de las principales ventajas comparativas del Gran Caribe para articular comercio, derecho, movilidad humana y entendimiento político. Allí donde otros bloques regionales deben construir lenguajes comunes desde cero, el Gran Caribe ya dispone de un sustrato compartido que puede ser activado estratégicamente.
Entendido de este modo, el Gran Caribe no es una suma dispersa de realidades inconexas, sino un sistema subarticulado. Su fragmentación no responde a una imposibilidad estructural, sino a la ausencia de una voluntad política y estratégica capaz de convertir una interdependencia existente en un proyecto común.
4. República Dominicana como nodo articulador
La República Dominicana ocupa una posición singular dentro del sistema del Gran Caribe, no por una vocación de liderazgo hegemónico, sino por su capacidad de articulación. Su estabilidad política relativa, su infraestructura logística en expansión, su diáspora regional y su inserción económica le permiten funcionar como un punto de conexión entre espacios, lenguas y mercados diversos. Asumir este rol no es un acto de ambición retórica, sino una responsabilidad estratégica.
Consolidada como la tercera economía del Gran Caribe, tanto en términos de producto interno bruto como de poder adquisitivo, la República Dominicana ha alcanzado una masa crítica que le permite desempeñar un papel articulador en el comercio, la logística y la cooperación regional. Este posicionamiento no descansa en la imposición, sino en la estabilidad macroeconómica, la conectividad física y una capacidad institucional acumulada a lo largo de las últimas décadas.
Las inversiones sostenidas en infraestructura logística, zonas industriales y capacidades vinculadas al nearshoring refuerzan esta condición. Más que un destino aislado, el país se proyecta como una plataforma desde la cual pueden integrarse cadenas regionales de valor, facilitando flujos comerciales que beneficien a múltiples economías del Gran Caribe.
Esta capacidad de articulación se apoya, además, en un sistema democrático funcional, una sociedad civil activa y una clase empresarial dinámica. Estos elementos no convierten a la República Dominicana en un modelo a imitar, sino en un espacio de convergencia posible para una región que necesita puntos de apoyo institucionales desde los cuales desplegar su potencial de manera ordenada y sostenida.
5. Hispanidad caribeña y tradición occidental operativa
Hablar de hispanidad en el Gran Caribe no es un ejercicio nostálgico ni una afirmación identitaria excluyente. Es reconocer la existencia de una tradición institucional compartida que ha modelado formas de derecho, ciudad, comercio y organización social a lo largo de siglos. Leída de manera operativa, esta herencia constituye un lenguaje común que puede facilitar cooperación regional efectiva, en diálogo abierto y respetuoso con las tradiciones anglófonas y francófonas del Caribe.
En un mundo crecientemente fragmentado, la coincidencia de marcos institucionales, estructuras jurídicas y códigos lingüísticos se convierte en una ventaja estratégica. Compartir reglas de interpretación, nociones similares de contrato, administración y vida urbana reduce fricciones, acelera la confianza y permite articular no solo canales de comunicación, sino también flujos comerciales y económicos más eficientes.
Las sociedades humanas se organizan en torno a patrones inteligibles y códigos compartidos. Allí donde existen referencias comunes, la cooperación resulta menos costosa y más sostenible. En el Gran Caribe, la herencia hispánica ha creado un sustrato cultural e institucional que facilita la interacción entre personas, empresas e instituciones más allá de las fronteras nacionales.
Como herederos de un pasado histórico similar, los pueblos hispanohablantes del Gran Caribe cuentan con una base desde la cual es posible construir relaciones no solo culturales y espirituales, sino también económicas y políticas. Al desaparecer las barreras del lenguaje y de los marcos institucionales básicos, la hispanidad se convierte en un campo común desde el cual pueden articularse proyectos colectivos orientados a la libertad, el orden y la prosperidad, entendidos no como consignas, sino como resultados de instituciones que funcionan.
6. Economía, empresa y clases medias regionales
Ningún proyecto de integración regional es sostenible sin una base económica real. La creación de riqueza, la libertad de empresa y la vitalidad de las clases medias constituyen el corazón del Gran Caribe posible. No como consignas ideológicas, sino como condiciones materiales sin las cuales no existe ni cohesión social ni autonomía estratégica. Allí donde no se produce riqueza, la integración se vuelve retórica y la política degenera en reparto.
Empresarios, emprendedores y trabajadores calificados conectados a través de un mismo espacio marítimo tienen la capacidad de generar círculos virtuosos de inversión, empleo y movilidad social que trascienden las fronteras nacionales. La empresa, entendida como organización del riesgo y del trabajo, es uno de los principales mecanismos de articulación social y de generación de orden económico. Defender la libertad de empresa no es defender privilegios, sino proteger la capacidad creativa de millones de personas para transformar esfuerzo en valor.
Sin embargo, hoy el comercio entre los países del Gran Caribe representa apenas una fracción de su potencial. Con más de trescientos millones de habitantes y una economía regional que supera los cinco billones (cinco millones de millones) de dólares en términos de paridad de poder adquisitivo, la región comercia significativamente más con actores externos que entre sí. Esta dependencia no responde a una falta de mercado, sino a la ausencia de integración funcional: reglas compatibles, logística eficiente y confianza institucional.
La comparación internacional es elocuente. Mientras el comercio intrarregional del Gran Caribe se sitúa entre un 15 y un 20 por ciento del total, en la Unión Europea supera el 60 por ciento y en Asia Oriental ronda el 50 por ciento. La diferencia no radica en la ambición declarada, sino en la existencia de cadenas regionales de valor, infraestructura compartida y marcos regulatorios que facilitan el intercambio.
Elevar modestamente la integración comercial del Gran Caribe tendría efectos transformadores. Si en el plazo de una década la región lograra duplicar su comercio intrarregional, estaríamos hablando de entre 350 y 400 mil millones de dólares anuales adicionales en intercambio económico generado por empresarios regionales y traducido directamente en empleo, salarios, inversión productiva y fortalecimiento de las clases medias. No se trata de cifras abstractas, sino de hogares con ingresos estables, comunidades con oportunidades y Estados con mayor capacidad fiscal legítima.
Las clases medias no son un subproducto del crecimiento, sino su principal ancla democrática. Allí donde existe una clase media amplia y productiva, disminuye la dependencia del clientelismo, se reduce la informalidad y se fortalece la demanda de instituciones previsibles. Por el contrario, las narrativas que desconfían sistemáticamente de la empresa y criminalizan la acumulación productiva terminan debilitando a las clases medias y abriendo espacio a economías informales, redes ilegales y élites extractivas que prosperan en el desorden.
Integrar económicamente el Gran Caribe no implica uniformar modelos ni suprimir soberanías. Implica crear un espacio donde la empresa pueda operar con reglas claras, donde el trabajo calificado pueda circular y donde el comercio regional se convierta en una fuente sostenida de prosperidad compartida. Sin este cimiento económico, cualquier proyecto político o cultural regional está condenado a la fragilidad.
7. Geopolítica y seguridad del espacio caribeño
El Gran Caribe ha sido históricamente objeto de disputas geopolíticas ajenas a sus propios intereses. Hoy, más que nunca, enfrenta el desafío de redefinirse como sujeto estratégico y no como simple espacio de tránsito o contención. La seguridad nacional y regional no puede entenderse únicamente en términos militares, sino como la capacidad de garantizar orden interno, proteger infraestructuras críticas y asegurar condiciones estables para el comercio, la inversión y la cooperación entre los pueblos del Caribe.
La región enfrenta retos significativos en materia de seguridad, pero también dispone de ventajas estructurales. El problema central no es la ausencia de recursos, sino la persistencia de vacíos institucionales que han sido aprovechados por actores ilegales y potencias extrarregionales. Allí donde el Estado se debilita, emergen economías criminales, se erosionan las fronteras y se abren espacios para la injerencia externa.
El colapso del Estado haitiano constituye el caso más extremo de esta dinámica. La ausencia de autoridad efectiva ha permitido la proliferación de bandas criminales armadas, la normalización de la violencia y una crisis humanitaria que trasciende las fronteras nacionales. La migración forzada, la inseguridad transfronteriza y la imposibilidad de controlar el territorio generan un riesgo sistémico para todo el Gran Caribe. Haití no es un problema aislado, sino un punto de inestabilidad regional cuya resolución exige una respuesta coordinada, realista y sostenida.
A esta situación se suma el impacto del narcotráfico internacional, que no solo atenta contra la seguridad ciudadana, sino que en algunos casos ha logrado capturar o corromper estructuras estatales completas. Estas economías criminales debilitan la legitimidad institucional, distorsionan las economías nacionales y convierten a ciertos territorios en plataformas de tránsito y lavado de activos, afectando a toda la región.
El vacío estratégico del Gran Caribe también ha sido aprovechado por potencias extrarregionales que, ante años de desatención hemisférica, han incrementado su presencia política, económica y tecnológica en la región. Estas incursiones no responden a una lógica de cooperación neutral, sino a intereses geopolíticos que buscan asegurar influencia a largo plazo mediante dependencia financiera, infraestructura crítica y alineamientos políticos condicionados.
La presencia de los Estados Unidos como potencia hemisférica ha sido históricamente un factor de contención frente a estas amenazas, y sigue siendo un elemento central de la seguridad regional. Sin embargo, depender exclusivamente de una potencia externa no constituye una estrategia sostenible. El objetivo del Gran Caribe debe ser avanzar hacia una mayor autosuficiencia estratégica, capaz de garantizar la seguridad de sus espacios marítimos y aéreos, proteger sus rutas comerciales y responder de manera coordinada a amenazas comunes.
Convertirse en sujeto estratégico implica asumir que ningún Estado, ni siquiera un conjunto de ellos, puede prosperar en un entorno internacional convulso sin prepararse para gestionar sus propios desafíos de seguridad. La estabilidad del Gran Caribe no será el resultado de la improvisación ni de la delegación permanente, sino de la construcción deliberada de capacidades regionales orientadas al orden, la soberanía efectiva y la defensa de un espacio común.
8. Cultura, educación y pensamiento estratégico
La integración del Gran Caribe no será posible sin una base cultural e intelectual compartida. La educación, la producción de conocimiento y el pensamiento estratégico regional constituyen infraestructuras tan decisivas como los puertos, las carreteras o las redes logísticas. Pensar el Caribe desde el Caribe no es un gesto retórico, sino una condición necesaria para superar la dependencia conceptual y construir proyectos propios con vocación de largo plazo.
Durante décadas, la región ha oscilado entre la imitación acrítica de modelos externos y una autopercepción centrada en la carencia. Al compararse de manera asimétrica con Estados cuya trayectoria histórica, escala y contexto han sido distintos, el Gran Caribe ha descuidado el análisis de sus propias fortalezas institucionales, culturales y humanas. Esta mirada distorsionada ha limitado la capacidad de formular estrategias ajustadas a la realidad regional.
Recuperar una conciencia clara del pasado compartido no implica idealización, sino comprensión. La herencia histórica, las tradiciones institucionales y las experiencias acumuladas constituyen los pilares sobre los cuales es posible edificar proyectos realistas. Identificar qué nos une, qué capacidades ya existen y qué ventajas comparativas están disponibles es el punto de partida para cualquier estrategia regional coherente.
El pensamiento estratégico no consiste únicamente en planificar, sino en establecer prioridades, anticipar riesgos y alinear medios con fines. En el caso del Gran Caribe, esto requiere formar élites técnicas, académicas y profesionales capaces de pensar la región como sistema, no como suma de fragmentos aislados. Sin esta base intelectual, la integración económica, la cooperación política y la seguridad regional carecen de dirección y continuidad.
Construir un Gran Caribe fortalecido y autosuficiente exige, por tanto, una inversión deliberada en educación de calidad, producción de conocimiento propio y espacios de reflexión estratégica regional. Solo desde esta plataforma será posible garantizar un orden duradero, una prosperidad compartida y una capacidad real de responder a los desafíos del presente sin depender permanentemente de marcos ajenos.
9. Familia, orden y ética pública
Toda arquitectura política descansa, de manera inevitable, sobre una arquitectura social previa. Ningún sistema institucional puede sostenerse de forma duradera si no existe un entramado básico de relaciones de cuidado, responsabilidad y confianza. En ese entramado, la familia constituye la primera y más fundamental institución social, el espacio donde se transmiten valores, se aprenden límites y se forja el sentido de pertenencia que hace posible la vida en comunidad.
La familia no es una construcción ideológica ni un residuo del pasado, sino una realidad social que antecede al Estado y que cumple funciones que ninguna estructura burocrática puede reemplazar sin generar distorsiones. Allí donde la familia se debilita, el Estado se ve forzado a asumir tareas para las que no está diseñado, incrementando su tamaño, su costo y, con frecuencia, su ineficiencia. El resultado no es mayor justicia social, sino dependencia, fragmentación y pérdida de autonomía individual.
El orden, por su parte, no debe confundirse con autoritarismo ni con imposición arbitraria. El orden es la condición mínima que permite que la libertad sea algo más que una abstracción. Sin reglas claras, sin respeto a la ley y sin consecuencias previsibles para las acciones, la libertad se transforma en privilegio de los más fuertes, y la vida social degenera en incertidumbre permanente. Donde no hay orden, el vacío es ocupado inevitablemente por la violencia, el clientelismo o las economías ilegales.
La ética pública cumple un rol central en este equilibrio. No se trata de imponer una moral privada desde el poder, sino de establecer estándares mínimos de conducta que permitan la confianza entre ciudadanos, empresas e instituciones. La corrupción sistemática, la normalización de la ilegalidad y el relativismo moral aplicado a la gestión pública erosionan la legitimidad del Estado y destruyen el capital social acumulado por generaciones.
Las sociedades que logran prosperar de manera sostenida son aquellas en las que la familia cumple su función social, el orden se respeta como bien común y la ética pública actúa como límite al abuso de poder. En estos contextos, la libertad no se vive como confrontación permanente, sino como capacidad real de elegir, emprender y construir proyectos de vida con previsibilidad.
En el Gran Caribe, los desafíos en materia de orden, familia y ética pública no son abstractos. Están directamente vinculados a fenómenos como la expansión del narcotráfico, la informalidad económica, la migración forzada y la captura institucional. Allí donde estos pilares se debilitan, se abren espacios para la violencia, la dependencia externa y la pérdida de soberanía efectiva.
Reafirmar la centralidad de la familia, el orden y la ética pública no implica retroceder ni negar la diversidad social, sino reconocer que sin estos fundamentos no existe libertad duradera ni prosperidad compartida. Constituyen la base silenciosa sobre la cual puede edificarse un Gran Caribe más justo, más seguro y verdaderamente libre.
10. Invitación a una visión compartida
Este manifiesto no pretende clausurar el debate sobre el Gran Caribe, sino abrirlo en los términos que durante demasiado tiempo han sido postergados. Pensar la región como un espacio común exige abandonar tanto la resignación periférica como la retórica vacía, y asumir que la historia, la geografía y la escala humana que compartimos nos colocan frente a una responsabilidad ineludible.
A lo largo de estas páginas se ha sostenido una idea central: el Gran Caribe no carece de recursos, de población ni de capacidades. Carece, en cambio, de articulación consciente, de voluntad estratégica y de un marco común que convierta su interdependencia natural en proyecto. Allí donde ha prevalecido la fragmentación, han prosperado la dependencia, el desorden y la captura de instituciones por intereses ajenos a la región y a sus pueblos.
El futuro del Gran Caribe no se decreta ni se importa. No será el resultado automático de la globalización ni de alineamientos externos circunstanciales. Se construye deliberadamente a partir de ideas claras, instituciones sólidas y una comprensión compartida de que la libertad solo es posible cuando se sostiene sobre el orden, la responsabilidad y la creación de riqueza productiva. Prosperidad, seguridad y dignidad no son concesiones: son consecuencias de sistemas que funcionan.
Esta visión no propone uniformidad ni hegemonía. Propone articulación. No aspira a un bloque ideológico cerrado, sino a un espacio regional capaz de cooperar desde sus afinidades, proteger sus intereses comunes y ofrecer a sus ciudadanos horizontes reales de progreso. El Gran Caribe puede y debe convertirse en un sistema donde la empresa genere oportunidades, las clases medias sostengan la democracia, el Estado garantice orden y la sociedad preserve los vínculos que hacen posible la libertad.
La invitación es clara. Pensar el Gran Caribe desde el Gran Caribe. Superar el victimismo estéril, rechazar el desorden normalizado y asumir que la historia no está escrita de antemano. El destino compartido de esta región no será decidido por otros si quienes la habitan están dispuestos a concebirlo, construirlo y defenderlo.
Este manifiesto es, en última instancia, una toma de posición. Un llamado a quienes entienden que el mar que nos rodea no es frontera, sino vínculo; que la libertad requiere estructura; y que el Gran Caribe aún está a tiempo de convertirse en un espacio de orden, prosperidad y soberanía efectiva.
Publicado desde Santo Domingo, República Dominicana, en enero de 2026,
para la reflexión y el debate.