Cuando tratamos el tema de la educación nos vemos empantanados en términos que ya han perdido su significado de tanto repetirlos sin resultados aparentes. Hablamos de tecnología, hablamos de mayores recursos, hablamos de invertir los recursos de mejor manera, hablamos de construir más escuelas. Hablamos de si los libros son o no son de calidad, hablamos de los valores y muchas tantas otras cosas. Pero, aun cuando todos estamos de acuerdo de que ha fracasado, no hablamos de cómo crear un modelo nuevo que realmente rompa con los esquemas que durante 60 años no han funcionado.
Para esto debemos de dar un paso atrás y ver cuáles son los factores fundamentales que afectan a la educación en República Dominicana. Siendo estos, a mi entender, la discriminación que promueve la educación pública al denegarle a las familias el derecho a escogencia; Y la incapacidad estructural de la Educación Pública de brindar las soluciones necesarias que le permitan al Estado cumplir con sus funciones esenciales.
Para poder hablar del tema de la educación debemos tener claro antes que todo que la educación es en sí misma adoctrinamiento. Por medio de la educación, además de proveer al estudiante con herramientas y competencias de carácter académico, profesional y humano, se le plantea una cosmovisión que tiene por finalidad generar un sentido de pertenencia hacia determinado conglomerado sectario, cultural y/o nacional. Entonces, al hablar de educación tenemos que tener bien claro que esta toca temas que generan pertenencia a un grupo y que integran al individuo a un colectivo social que comulga con una visión del universo determinada.
Luego de dejar eso establecido entonces la pregunta que viene es sobre cuál es el papel del Estado con respecto a la educación. A lo cual tenemos dos posibles respuestas, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la educación de todos sus miembros, o el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la educación de todos sus miembros.
Si el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la educación de todos sus miembros, debemos de asumir como buena y válida la tesis de que el Estado, cuya principalísima función es generar las condiciones para su permanencia en el tiempo, es el gestor de la educación en función de aquellas ideas que sirvan para cumplir los objetivos nacionales que garanticen su desarrollo, bienestar y permanencia. Y que por ende se erige por encima de las organizaciones familiares a la hora de determinar qué tipo de educación es la más apropiada para los menores de edad. Esta tesis va en consonancia con la visión absolutista del Estado como ente todopoderoso que promueve la izquierda, quien ve en este no solo a un garante de derecho sino al administrador de los recursos dedicados para esto a través del gobierno.
Si por el contrario entendemos que la función del Estado es garantizar el acceso a la educación, queda en manos de las familias la elección de la educación que han de recibir los individuos, dejando a esta el control sobre los destinos de sí misma como unidad original de la cual surge la organización política que conocemos como Estado. De esta manera el Estado no se abroga la responsabilidad que le pertenece a la familia de manera natural y se mantiene en la función de garante de que todos sus ciudadanos puedan tener acceso a la educación, descartando la visión burocrática de engrandecimiento del Estado y promoviendo la libertad de los individuos, y por ende de las familias, como entes constitutivos originarios de la organización política que conocemos como Estado.
La diferencia es sustancial y diametralmente opuesta. En una el Estado es el guardián absoluto de todos los menores de edad y por ende tiene una responsabilidad que supera a la de las familias a la hora de proteger a estos y definir cuáles son los lineamientos ideológicos que van a ser impartidos a través de la educación pública que puedan garantizar de “mejor manera” la consecución de los objetivos nacionales. O, por lo contrario, son las familias como unidad fundamental de toda sociedad, quienes cuentan con la tutela absoluta sobre sus miembros menores de edad, delegando en el Estado solo la regulación de aquellas circunstancias que la incluyen a ella misma en un conflicto, sirviendo más como un árbitro parcializado en favor de los menores de edad, que como dictador absoluto de sus destinos.
La constitución de la República en su artículo 63 sobre el derecho a la educación establece en su numeral 2 que: “La familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores”. Dejando establecido de manera clara que es a la familia a la que le corresponde determinar qué tipo de educación tendrán los menores de edad bajo su guarda.
Pero en el siguiente numeral, el 3, la constitución dicta que: “El Estado garantiza la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio. La oferta para el nivel inicial será definida en la ley.” El Estado garantiza la educación pública gratuita, no el acceso a la educación. Esto da pie, y fundamento, a la existencia del entramado titánico que hoy llamamos Educación Pública que, como dependencia directa del Poder Ejecutivo, se ve afectada por los cambios políticos que impactan las otras áreas del tren gubernamental.
Y siendo la educación un área crítica para el desarrollo, el bienestar y la permanencia de cualquier Estado moderno, se hace difícil de defender que se encuentre afectada de manera tan directa por la alternancia de partidos gobernantes que le son correspondientes a una democracia saludable.
Es así como el Ministerio de Educación, con el mandato constitucional de “garantizar la educación pública gratuita”, se ve obligado entonces a establecer un enorme aparato burocrático que se demuestra ineficiente en cumplir con su mandato pero que, como colofón a esto, le niega el derecho de escogencia a los padre sobre el tipo de educación de sus hijos menores, al establecer un proceso vertical en el cual impone una visión única sobre qué tipo de educación será transmitida en la educación pública, reservando el derecho a escogencia del tipo de educación solo a aquellas familias que puedan pagar por una educación privada.
Esto crea una discriminación en la cual el derecho establecido en el numeral 3 solo le es aplicable a quienes pueden pagar para ejercerlo. Mientras, aquellos que no cuentan con la capacidad económica para pagar una educación privada, se ven reducidos a aceptar cualquier imposición que así disponga la Educación Pública.
La única solución a esto es un cambio de paradigma total sobre la relación que el Estado tiene con la educación y con sus ciudadanos. Para esto debe de dar dos pasos fundamentales.
El primero inicia con una modificación al mandato constitucional. Iniciando con algunos pequeños pero sustanciales cambios al numeral 3, para que en lo adelante se lea de la siguiente manera “El Estado garantiza el acceso a la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio. La oferta para el nivel inicial será regulada por el organismo competente. definida en la ley.”
Así mismo el numeral 4 se verá modificado de la siguiente manera: “El Estado velará por el acceso la gratuidad y la calidad de la educación general, el cumplimiento de sus fines y la formación moral ética, intelectual y física del educando. Tiene la obligación de ofertar regular la oferta del número de horas lectivas que aseguren el logro de los objetivos educacionales;”
Con estas modificaciones se resuelven dos problemas. El primero es que queda claro que la educación es responsabilidad de la familia y que es esta la que debe de elegir qué tipo de educación tendrán sus hijos, como la establece el numeral 2 del artículo 63. De igual manera queda establecido, como ya lo está, que es obligatoria la misma y que todos los dominicanos deben de participar de un proceso educativo regulado, más no dictado, por el Estado. El Estado asume su función de regulador de un área de importancia estratégica para el desarrollo, el bienestar y la permanencia de sí mismo, estableciendo los parámetros que garanticen la calidad mínima requerida de los centros educativos a nivel nacional.
El segundo cambio va en consonancia con el nuevo mandato constitucional, y es la eliminación del Ministerio de Educación y la creación en su lugar de una Superintendencia de Educación. Esta transformación llevaría a la nueva institución a convertirse en un organismo descentralizado que tenga dos funciones fundamentales. En primer lugar, regular la oferta académica por medio de visitas, mediciones, supervisión, seguimiento, y distintos procesos de validación que garanticen que se cumplan los requisitos mínimos necesarios para la consecución de los objetivos nacionales del Estado.
En segundo lugar, al eliminar la educación pública y ser privatizado todo el sistema educativo el dinero destinado para la educación que hoy asume la educación pública, pasaría directamente a los beneficiarios, en este caso los menores de edad dominicanos quienes contarían de manera automática con un nuevo Crédito Educativo Universal dedicado a costear su escolaridad. Este Crédito Educativo Universal sería pagado directamente a los centros educativos del territorio nacional, garantizando que estos fondos no puedan ser utilizados en otra cosa que no sea la educación directa de los menores de edad.
La transferencia de fondos estaría regulada y sujeta a la inscripción del menor de edad, al cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos por la Superintendencia de Educación y a otros indicadores propios de los procesos académicos que sean pertinentes. Esta nueva institución se encargaría también de darle seguimiento a través del apoyo a la cantidad de menores de edad registrados, su estatus académico, lugar elegido por los padres, y cuantas tantas informaciones sean necesarias para poder ejercer su mandato constitucional de garantizar que los menores edad accedan a la educación.
Esta transformación le permitirá a la nueva institución enfocarse en una función reguladora y fiscalizadora, cuya gobernanza y funcionamiento se encontraría existiendo en paralelo a las estructuras gubernamentales, pero aislado y protegido de los cambios de gobierno con los que toda democracia saludable cuenta. La Superintendencia de Educación pasaría a ser un ente Estatal, más no gubernamental.
La educación es un área estratégica crítica para el desarrollo, el bienestar y la permanencia de cualquier Estado. Como tal, se deben de tomar medidas para protegerla y fomentar el aumento de su calidad y el desarrollo propio de la libre competencia entre diferentes ofertas académicas. Esto a su vez repercutirá en un aumento del desempeño de los estudiantes, impactando directamente en futuros profesionales con mejores competencias académicas, ciudadanas y humanas. Todo esto mientras se elimina la discriminación hacia aquellos ciudadanos que no cuenten con los recursos para pagar una educación privada.
Hace una década se logró un hito histórico al asignar el 4% del PIB a la educación, es hora de capitalizar sobre este logro. Pero para esto no podemos dejarla en manos de una institución que por naturaleza y su quehacer burocrático no persigue la optimización de los resultados sino la optimización de los recursos. La educación es demasiado importante y las decisiones que hasta ahora han sido tomadas se han demostrado ser una apuesta perdida.
Las familias, como organización social primigenia que sirven de pilar para la creación del Estado, siempre han contado de manera natural con el mandato de decidir qué educación deben de recibir sus integrantes, y esto debe de reflejarse en la práctica, desmotando un sistema discriminatorio como el de la Educación Pública, donde por medio del impuesto que pagan todos los ciudadanos se le impone un modelo anímico e ineficiente a aquellos futuros ciudadanos que no cuentan con los medios para pagar una educación privada. Promoviendo un sistema de perpetuación de la pobreza que impide que el Estado pueda dar el salto cualitativo hacia adelante que la sociedad demanda.
Como dice la frase, erróneamente atribuida a Einstein, de la escritora Rita Mae Brown en su libro Muerte Súbita “La locura es hacer lo mismo una y otra vez, pero esperando resultados diferentes.” Dejemos de repetir aquello que no ha funcionado y atrevámonos a soñar en un cambio de paradigma que genere un clima educativo digno, competente y proactivo. Un clima donde los derechos de la familia no se vean secuestrados por una visión estatista vetusta y desfasada. Es hora de que la educación pueda florecer en libertad.
Fuente de foto: Photo by Pixabay on <a href=”https://www.pexels.com/photo/interior-of-abandoned-building-256395/” rel=”nofollow”>Pexels.com</a>